Abogados expertos en Derecho Concursal en Madrid

Por desgracia, no podemos concretar un rango hasta no conocer el caso concreto. Pero nos enorgullece decir que adaptamos estos presupuestos a la realidad de cada cliente.

Tras realizar un análisis del supuesto, y en la mayor brevedad posible, nuestros abogados de Madrid se pondrán en en contacto contigo para explicarte detenidamente las posibles líneas de actuación, nuestra propuesta de honorarios y el calendario de pagos propuesto. Seguro que te sorprenderá.

Los administradores de una mercantil en situación de insolvencia están obligados a declarar el concurso de acreedores siempre y cuando en encuentren en una situación de insolvencia actual o inminente.

Si no lo hace, puede tener responsabilidad personal. La Ley exige que el concurso deberá declararse en el momento en el que sea imposible «cumplir con las obligaciones regularmente». Esto quiere decir que:

     – No se puedan pagar las deudas íntegramente o de forma reiterada;

     – Que no se pueda cumplir con las mismas sin recurrir a un endeudamiento sistemático, pues se genera una apariencia de solvencia que puede llevar a una situación peor.

Una vez suceda esto, el empresario tendrá dos meses para declarar el concurso o negociar una refinanciación.

Si tienes dudas, consúltanos sin compromiso.

Consideramos que el protagonista es el propio cliente, por lo que nuestro servicio pasa porque sepa en todo momento cuál es el estado del caso. En esta estrategia, el abogado encargado del caso hará revisiones continuas junto al cliente. En tales revisiones se explicará la situación en que se encuentra el procedimiento, las posibles líneas de actuación, y se ofrecerá una participación directa en las decisiones del mismo bajo nuestra mejor recomendación.

Sí, se puede. Somos claros al respecto. Nuestra Firma ha logrado aunar la forma de actual de trabajar, la tecnología imperante en nuestra sociedad, el idioma tecnológico y la experiencia de nuestros abogados, cuyas trayectorias son impecables, para ofrecer un asesoramiento versátil, completo y transversal.

En ocasiones no se trata de un problema, sino de una solución a un estado de insolvencia para no desembocar en problemas mayores y se trata de un mecanismo de pago de deudas hasta donde el deudor pueda. 

Este mecanismo puede buscar solucionar los problemas de insolvencia finalizando el negocio o procurar una negociación con los acreedores para continuar con el mismo. 

La intención de este procedimiento es la de solucionar los problemas de insolvencia y garantizar a los acreedores que reciban una parte de su crédito en igualdad de condiciones. No obstante, existen ciertas deudas que tienen una consideración especial o prioridad de cobro respecto a otras.

Tanto empresas como particulares, ya sea a petición propia como a petición de un acreedor.

¿Y si no tengo una empresa pero sí que tengo deudas? Ley de 2ª oportunidad.

El procedimiento concursal no sólo está pensado para empresas y empresarios, también existe un procedimiento dirigido a personas físicas de cara a acabar con sus deudas de tal forma que les permita empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad.

El concurso se puede declarar por el propio deudor (concurso voluntario) o por un acreedor (concurso necesario).

Para presentar un concurso voluntario existe un plazo de dos meses desde que el deudor conoce la situación de insolvencia.

El concurso necesario lo presentará un acreedor cuando haya intentado cobrar un crédito infructuosamente. También podrán solicitarlo los socios de la propia compañía.

Para declarar el concurso se habrá de acompañar:

1. Una memoria económica;
2. Un inventario de bienes y derechos;
3. Una lista de acreedores.

Con estos documentos se declarará la procedencia del concurso y se determinará la masa activa y pasiva del mismo.

La duración de un concurso de acreedores depende de las condiciones del mismo, por lo que es muy variable.

Puede tardar unos meses si se llega a la aceptación de un convenio anticipado para lo que habría que esperar al cumplimiento de los plazos pactados o bastante más tiempo.

No obstante, se inicia con el auto de admisión y concluye:

1. Por revocación del mismo;
2. Por cumplimiento del convenio o no por la inexistencia de patrimonio (si aparecen bienes en los siguientes 5 años desde la conclusión se podrá abrir de nuevo);
3. Por renuncia de los acreedores a sus derechos

El concurso de acreedores se divide en diferentes fases pero no tienen porqué darse todas:

1. Primera fase (actos previos). Solicitud de concurso, remisión de la información pertinente y los primeros pasos (autos de apertura o admisión a trámite que abren la fase común, solicitud de medidas cautelares, etc.).

2. Segunda fase (fase común). Se dicta la declaración del concurso y genera una serie de obligaciones:

– Deudor: tendrá la obligación de colaborar y limita sus facultades patrimoniales que quedarán vigiladas por la administración concursal. Si el concurso es necesario, la administración concursal directamente sustituirá al deudor. 

– Acreedores: quedarán limitadas sus capacidades para reclamar la deuda, quedando paralizadas las ejecuciones o presentación de nuevas demandas.

– Administración concursal: velará por la correcta administración del concurso. Preparará en el plazo de dos meses un informe sobre el estado económico de la empresa, un inventario sobre los bienes de la misma y la lista de acreedores. Asimismo, determinará la masa activa y pasiva del concurso, es decir, los derechos de cobro y el patrimonio para hacer frente al mismo, determinando así la fase común es determinar el alcance del concurso.

El motivo de lo anterior es tratar de preservar el patrimonio del deudor para que se pueda aplicar al convenio o a la liquidación. Esta fase se cerrará con la elaboración de un informe por parte de la administración concursal.

3. Tercera fase (fase de resolución). La resolución del convenio puede producirse por:

• Convenio (anticipado o no). Se busca llegar a un acuerdo con los acreedores para realizar el pago mediante quitas y esperas. Para ello, será necesaria la aprobación judicial y una garantía su cumplimiento mediante un seguimiento judicial. Si no se cumple con el pago se decretará la culpabilidad del concurso y liquidación el patrimonio del concursado.
• Liquidación (pero solución): Se liquidará el patrimonio del concursado para satisfacer los créditos. Procederá en los casos de inviabilidad del proyecto.

4. Cuarta fase (calificación del concurso). El concurso puede ser calificado como fortuito o culpable, con la responsabilidad que ello conlleva. Esto será en dependencia de las circunstancias en que se haya declarado y evolucionado el concurso de acreedores.

La Ley Concursal establece un orden de cobro de los créditos en dependencia de la deuda y el acreedor.

De esta forma, los créditos se cobrarán por niveles y sólo cuando se haya cobrado todo el nivel se pasará al siguiente. Si no se puede cumplir con todo un nivel, se prorrateará la cuantía que reste.

El orden de pago de los créditos concursales sería:

1. Créditos contra la masa – Necesarios para la continuación de la actividad y para la tramitación del concurso.

2. Créditos privilegiados – Créditos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, laborales y garantizados.

3. Créditos subordinados – Créditos restantes que solo se abonan cuando se han satisfecho las anteriores categorías.

Esto ocurrirá cuando se haya incurrido dolo o culpabilidad que haya producido un agravamiento de la insolvencia.

Esto resultará en que:

1. Perderán sus derechos de cobro;
2. Podrán ser objeto de responsabilidad civil e incluso de responsabilidad penal;
3. Pueden ser inhabilitados para la administración o representación de bienes y personas;
4. Deberán restituir los bienes y derechos obtenidos indebidamente;
5. Podrán ser condenados a contribuir al pago de los créditos del concursado.

Sí, siempre que se abone el crédito con carácter previo a la declaración del concurso evitará que el juez lo declare.

La jurisdicción corresponderá al juzgado de lo mercantil correspondiente a la ciudad en la que radiquen los intereses principales del deudor.